El 20 de mayo, nos concentramos en la Plaza Artigas de la ciudad de Mercedes, adhiriendo de esa forma, a la vigésima Marcha del Silencio que se realizó a la misma hora, en Montevideo, con una multitud de gente participando.
En el acto, recordamos los nombres de todos/as los/as compañeros/as, de todo el país, y gritamos presente!
Hicimos nuestras las palabras de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos:
En
estos largos años de buscar a nuestros familiares hemos tenido que
aprender sobre leyes, a indagar
en los archivos, a escribir comunicados y también a ser
persistentes, a no desmayar, a convencernos
que la búsqueda no termina ni con la muerte, ya que el dolor que
guía el eco de las preguntas
¿quién, cómo, dónde, cuándo, por qué?, no prescribe.
Aprendimos
que intentar dar vuelta una página de la historia sin leerla es
condenarse a vivir sin
pasado. Y que de la verdad no hay retorno. También aprendimos que no
estamos solos. Que
siempre hay manos tendidas dispuestas a ayudar, a brindar su apoyo
para cada tarea necesaria.
Que son muchos los que sienten a los desaparecidos como “compañeros
de la vida”, que “Todos
somos Familiares”.
En
estos años hemos tenido que avanzar en muy diferentes
circunstancias, primero con los temores
naturales durante la dictadura, luego con gobiernos que no sólo
fueron cómplices del pacto de
silencio de las Fuerzas Armadas, sino que utilizaron todos los medios
posibles para consagrar la impunidad
e
intentar el olvido. Hasta
llegar a los gobiernos actuales, en los que se dieron pasos muy
importantes, pero que siguen
siendo absolutamente insuficientes. La verdad sigue ausente, los
juicios se paran o enlentecen;
en estos 10 años sólo hemos ubicado, en Uruguay, los restos de 4
compañeros desaparecidos
y sus asesinatos y desapariciones permanecen impunes.
La
falta de justicia sobre los crímenes del terrorismo de estado,
sostenida durante tantos años, ha
fortalecido la cultura de impunidad y los logros obtenidos, unos
pocos militares y civiles condenados,
no logran funcionar como una derrota a la misma. Las acciones
contradictorias de los últimos
gobiernos han postergado un necesario impulso total y franco de los 3
poderes del estado en
este sentido. Entendemos
que debe haber una actitud más enérgica desde el gobierno para
lograr avances más
significativos.
Vemos
con expectativa, la creación del actual Grupo de trabajo por verdad
y justicia, en torno a
este tema, aunque aún no se ha formalizado el decreto que establezca
los cometidos de su nombre. Madres y Familiares integrará dicho espacio, en la convicción que su eje central sea
investigar y esclarecer el destino
de cada desaparecido, establecer las responsabilidades en cada uno de
los más de 200 asesinatos
y de las torturas vividas por miles de presos políticos de ese
período y llevar a la justicia a
los responsables; sean militares o civiles, autores o cómplices de
ésta barbarie.
Sin
el esclarecimiento de todos estos delitos de lesa humanidad, no se
construye una democracia
duradera. Fueron
las fuerzas armadas quienes introdujeron en nuestro país el
terrorismo de Estado, fueron
ellos como Institución que avasallaron los derechos ciudadanos
cometiendo crímenes aberrantes
incluso a niños: no nos olvidemos de los niños uruguayos que aún
permanecen desaparecidos. Tienen
la mayor responsabilidad, (aunque no la única).
Ellas han sostenido
una actitud de desafío
constante. La mentira y la ausencia de colaboración para esclarecer
estos delitos han sido su
invariable respuesta a una sociedad a la que sí reclaman una
inmerecida reconciliación. Los
más recientes comandantes de las Fuerzas Armadas, esgrimen el
argumento de la natural depuración en
función de los retiros por edad, y no asumen su responsabilidad
institucional. Los
archivos de inteligencia no se han abierto para obtener información. Los
mandos nunca han sometido a tribunales de honor a los pocos
condenados por estos delitos.
Son ellos, más que nadie, quienes deben aportar la verdad. Verdad
que comprende el Cuándo?
Dónde? Cómo? Por qué? Y quiénes son los criminales?
Desde
el propio Ministerio de Defensa ha habido pronunciamientos, que
lesionan, y en nada ayudan
a adelantar en las investigaciones. Y es
indudablemente el gobierno quien debe denodadamente exigir y buscar
información, dentro
de las fuerzas armadas, para entregarla a los jueces, investigadores
y víctimas.
Pero
también la Justicia tiene una enorme deuda con la sociedad. Era muy
cómodo para ésta el actuar
en el marco de una interpretación perversa de la ley de caducidad,
que les permitía archivar todas
las demandas de los familiares de las víctimas. Cuando
algunos Jueces y Fiscales decidieron avanzar, se encontraron con
múltiples murallas: en
esencia una Suprema Corte de Justicia complaciente, que ha trasladado
jueces, y que se ha negado
sistemáticamente a aplicar las leyes internacionales referidas a los
delitos de lesa humanidad,
a las que nuestro país ha adherido.
Como
última muestra, en un fallo reciente, inapelable, absolvió al
policía retirado Ricardo Zabala,
procesado en 2012 como cómplice del asesinato del maestro Julio
Castro. La sentencia adoptada
por mayoría es gravísima; ignoran los hechos y las pruebas y
aplican nuevamente la infame
ley de caducidad aduciendo “obediencia debida”, dejando a su
familia y al país, una vez más,
sumidos en la más absoluta impunidad. Impunidad
que se convierte en una amenaza constante a toda justa lucha popular. Hacemos
un llamado al Parlamento, un llamado a la responsabilidad a la hora
de nombrar a los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Del Poder Legislativo
depende que allí estén los que verdaderamente
han de impartir Justicia.
Compañeras
y compañeros, en estos más de 40 años de búsqueda han quedado en
el camino muchas
madres, se han ido sin conocer el destino de sus hijos. Pero tengan
la certeza que tras ellas siempre
habrán familiares, amigos, los trabajadores y compañeros de
desaparecidos reclamando por ellos, exigiendo
VERDAD, JUSTICIA Y NUNCA MÁS.
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