Estamos conmemorando hoy el 69
Aniversario de la Declaración Universal de los DDHH, que reconoce la
dignidad inalienable de los seres humanos, libres de discriminación,
desigualdades o distinciones de cualquier índole, así como el compromiso
de los Estados de proteger esos derechos.
Esta es también nuestra causa. No se
agota en la desaparición forzada, ni queda anclada al pasado. Luchamos
por una convivencia social regida por principios éticos que denuncien
toda afrenta a los derechos esenciales.
Enfrentarse a todo abuso del poder, a la tortura, a la impunidad es parte esencial de esta lucha y nos involucra a todos.
El 8 de marzo pasado una inmensa
manifestación puso en primer plano la lucha por la equidad, la
visibilidad de los delitos de odio: los femicidios. Este reclamo contó
con miles de mujeres y hombres conscientes de que para avanzar hacia una
convivencia más democrática e incluyente es imprescindible terminar con
la inequidad de género. Comenzamos el año con esa manifestación
maravillosa, multitudinaria, y lo terminamos con el dolor del asesinato
de nuevas niñas, que nos marcan todo lo que nos falta por hacer.
Necesitamos aún más conciencia, más educación, mucho más.
El año finaliza también con una sentencia
de la Suprema Corte de Justicia que es una vergüenza. Que nos retrasa
años en la concepción jurídica de los delitos de lesa humanidad. Con una
carga simbólica tremenda, ya que parece tener nombre y apellido al
exculpar nada menos que al genocida Gavazzo. Con ella el Poder Judicial
siembra la duda en la sociedad sobre el sentido de juzgar los peores
crímenes, que son los que comete el Estado.
Todo esto forma parte de una misma causa.
Debemos luchar juntos para avanzar en conciencia, para exigir más y más
profundas acciones en todos los terrenos.
Siguiendo los pasos de nuestras
queridas viejas, luchamos por la vida, luchamos por el futuro. Y es con
este foco que seguimos reclamando: ¿Dónde están nuestros desaparecidos?
No lo hacemos retóricamente, lo hacemos
porque ejercemos el derecho que tienen a no ser borrados como si nada.
Porque mientras ellos sigan desaparecidos, seguirán también existiendo
desaparecedores. Seguiremos todos amenazados.
Encontrar a los desaparecidos significa
mucho más que un acto íntimo que brinde alivio a su familia, es mucho
más que darle sepultura a sus restos. Liberarlos es liberar a la
sociedad del chantaje de la amenaza. Es iniciar una transformación desde
el interior del Estado, romper un pacto de silencio, tocar lo que
permanece intocado de la dictadura.
Cada hallazgo es un golpe a la impunidad.
Por eso nuestra nueva decepción y nuestro firme planteo ante la
reciente mentira del Comandante de las Fuerzas Armadas.
Manini Ríos dice ahora haber advertido al
ministro y a los representantes del Grupo de Trabajo por Verdad y
Justicia presentes que tal vez no se encontrara nada, como si eso fuera
una excusa válida para su incapacidad de investigar y de cumplir con su
obligación.
Lo dijimos en el comunicado: es el jefe
máximo de la Institución que llevó adelante la instrumentación y
ejecución del Terrorismo de Estado. Institución que fue responsable de
los asesinatos y desapariciones, y que es responsable hoy de mantenerlos
secuestrados.
Como Comandante tiene en sus manos todas las posibilidades y los medios para aportara la verdad.
Él es quien puede y debió investigar si
ese dato de la chacra que dio personalmente y en su calidad de
Comandante era cierto o no. Es quien debió decir cuándo sucedió, quiénes
estaban en el operativo, quiénes lo ordenaron. Datos certeros que todos
sabemos que están en sus archivos, en su aparato de inteligencia, en la
memoria de sus subordinados. Él puede ubicar y entregar las
circunstancias que rodearon cada homicidio y lugar de enterramiento.
No lo hizo. Tampoco habilitó a los antropólogos para que lo intentaran.
Parece que como Comandante cree que su
“aporte” para encontrar a los desaparecidos – que declara ser de su
especial interés – es conseguir a alguien para manejar una máquina
cuando falla la persona contratada por el Grupo de Trabajo.
Esa es la burla permanente: pretender
hacerle creer a la sociedad algo que todos, desde el Ministro hasta el
último soldado, saben que es mentira.
Con esta actitud sólo ahonda una herida que se mantiene.
¿Por cobardía? ¿Falta de autoridad con
sus subordinados que no lo obedecen? ¿Incompetencia? ¿Complicidad? No lo
sabemos, pero el resultado es el mismo. El delito continúa, el
Comandante no cumple con el mandato que explicitó el Presidente y la no
existencia de consecuencias sólo abona la impunidad. Ya lo vivimos,
vergonzosamente, con el Gral. Ángel Bertolotti.
No cumpliríamos nuestro papel sin
denunciarlo. Por eso hace pocos días pedimos la remoción inmediata del
Gral. Manini Ríos. No era ni es una idea caprichosa.
Dijimos y mantenemos que quien ocupe ese
cargo que tanta responsabilidad conlleva “debe estar dispuesto a romper
decididamente con el pasado, asumiendo la responsabilidad que tuvieron
en la instrumentación y ejecución del Terrorismo de Estado en aquellos
años, con el compromiso de aportar información que permita ubicar los
restos de quienes continúan siendo rehenes en sus manos: nuestros
desaparecidos”.
También encuentra “incomprensible”
nuestra actitud. Nosotros sí comprendemos. Comprendemos que hay que
seguir luchando contra el pacto de silencio, contra la tendencia a
protocolizar dolores y memorias que se vuelven discursos vacíos ante la
falta de resultados concretos.
No aceptamos “toneladas de olvido por unos gramos de memoria”.
No discutiremos qué se dijo en una
reunión donde no estuvimos. Un supuesto entredicho no oculta las
responsabilidades incumplidas. Tampoco ofrece una excusa válida, ni al
Comandante ni al Ministro.
Ni al presidente que debería exigir.
Ni al Parlamento que no puede mantenerse
ajeno. No se puede dilatar más una discusión a fondo sobre las Fuerzas
Armadas que este pequeño país requiere. Sobre su formación y sus
privilegios, muchos de ellos autoconferidos en dictadura.
Ni al Poder Judicial, con la inmensa
responsabilidad que le toca en la negación de justicia a lo largo todo
este tiempo y en especial a la Suprema Corte de Justicia por este último
fallo.
En el camino de buscar a nuestros
desaparecidos hemos luchado por verdad y justicia tratando de utilizar
todas las formas y posibilidades, sin claudicar nunca en nuestras
aspiraciones. Si aquellos sobre quienes recae la obligación de avanzar
son omisos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad ante nuestros
desaparecidos, ante las diversas organizaciones hermanas y ante nuestro
pueblo, no prestarnos para que se nos utilice como decorado.
O el sistema político en su conjunto encara estos temas o la impunidad seguirá marcando las políticas públicas de nuestro país.
Por lo tanto, reafirmamos:
“El Estado fue, es y seguirá siendo
responsable de lo sucedido hasta que se sepa dónde está cada uno de
ellos, qué pasó y quiénes son los responsables.”
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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